Empresas principales que no ejerzan oportunamente el derecho de información y retención arriesgan responder solidariamente por el 100% de las deudas previsionales de sus contratistas.
La Ley N° 20.123 consagra que la empresa principal es dueña de la obra, empresa o faena y tiene la facultad legal de retener los pagos a contratistas que no acrediten fehacientemente el pago de cotizaciones de salud, pensión, cesantía y mutualidad.
El Certificado F30-1 emitido por la Dirección del Trabajo o entidades auditoras acreditadas es el único medio legal idóneo para rebajar la responsabilidad de solidaria a subsidiaria.
En caso de insolvencia o abandono de obras por parte de una empresa contratista, la mandante que no cuente con el expediente documental al día se ve obligada a asumir el pago íntegro de finiquitos y remuneraciones adeudadas.

AUDITORÍA MENSUAL:La revisión previa a la liberación de cada Estado de Pago constituye la mejor salvaguarda financiera para las empresas mandantes.
El artículo 183-C del Código del Trabajo permite a la empresa mandante retener de las facturas los montos adeudados y pagar directamente por subrogación a los trabajadores y entidades previsionales.
El ejercicio riguroso del control mensual transforma la responsabilidad solidaria (cobro directo a la mandante) en subsidiaria (exigencia previa de cobro al contratista directo).
Consulte el texto oficial de la Ley N° 20.123 en la Biblioteca del Congreso Nacional:
Ver Ley 20.123 en BCN ↗